El ejecutivo autonómico ha autorizado, en su última reunión del Consejo de Gobierno, la celebración de convenios con Cruz Roja Española, Cáritas Diocesana de Madrid y la Federación de Plataformas Sociales Pinardi para financiar distintas actuaciones de estas entidades orientadas a la protección de las familias vulnerables de la región y la lucha contra la pobreza infantil.
Estos acuerdos suponen la concesión de una subvención directa de 200.000 euros cada uno, por lo que la aportación total del Gobierno regional asciende a 600.000 euros.
Aunque el objetivo es común, cada una de estas organizaciones desarrollará sus propios proyectos financiados a través de estos acuerdos.
Los proyectos de Pinardi, Cáritas y Cruz Roja
Así, la Federación de Plataformas Sociales Pinardi pondrá en marcha un servicio de atención integral a menores y a sus familias en horario y periodos no lectivos, que tiene como objetivo garantizar la alimentación y las actividades de ocio y cultura de los niños durante las vacaciones escolares y facilitar la conciliación de la vida personal y laboral de núcleos en situación de dificultad social.
Por su parte, el proyecto impulsado por Cáritas está especialmente orientado a la lucha contra la pobreza infantil, e incluye prestaciones económicas o en especie proporcionadas directamente a las familias más vulnerables con las que trabaja esta institución.
Por último Cruz Roja llevará a cabo dos actuaciones. La primera de ellas, la promoción del éxito escolar con niños en dificultad social, que facilita su acceso a recursos que les ayuden a mejorar su rendimiento académico y les proporciona apoyo en la realización de sus tareas de clase. El segundo proyecto persigue la atención urgente de las necesidades básicas de los participantes, e incluye desde prestaciones de ayuda hasta talleres de gestión de la economía doméstica o de derechos y deberes de los inquilinos.
Los gastos subvencionables de las actuaciones financiadas gracias a estos convenios, de las que se beneficiarán cerca de 21.000 niños y adultos de la región, deberán justificarse por las entidades antes del próximo 31 de enero.
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