El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha aprobado hoy una inversión de casi 640.000 euros para distintas actuaciones en viviendas afectadas por la línea 7B de Metro en San Fernando de Henares. En palabras del vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Enrique Ossorio, «esta nueva aportación desde el Ejecutivo regional eleva ya a más de 17 millones de euros la cantidad destinada para garantizar la seguridad de los vecinos».
La cuantía autorizada permitirá la contratación del servicio de realojo, actividades previas, obras de consolidación y estabilización, dirección facultativa y coordinador de seguridad y salud, trabajos de apeo y apuntalamiento, catas, sondeos, ensayos, colocación de extensómetros, vigilancia del inmueble e inspección estructural del edificio situado en la calle Rafael Alberti 7 de la localidad.
«Se incluyen en esta partida los gastos derivados del realojamiento como manutención, mudanza y custodia en guardamuebles, transporte a los nuevos puntos de alojamiento, suministros de las viviendas desocupadas y en destino, plazas de garaje de estacionamiento privado durante la duración del encargo y servicios inmobiliarios», explican.
La Consejería de Transportes e Infraestructuras está llevado a cabo la consolidación de 10.000 metros cuadros del terreno para estabilizar e incluso recuperar los asientos, principalmente del entorno de las calles Presa, Ventura de Argumosa, Rafael Alberti y Nazario Calonge.
“Hasta la fecha se han realizado inyecciones cuya suma en profundidad asciende a unos 13.390 metros con cerca de 2.220 metros cúbicos de mortero de hormigón desde que se empezó el 13 de octubre, donde trabajan seis equipos. La Dirección General de Infraestructuras sigue realizando visitas y trabajos continuos de auscultación semanales de lectura de movimientos”, apuntan.
A pesar de que los vecinos afectados aseguran que no les han llamado, el Gobierno regional ha asegurado este miércoles, que «ha llamado ya a todos los afectados de la línea 7B de Metro en San Fernando de Henares con expedientes en curso para ofrecerles una terminación convencional para que puedan cobrar cuanto antes sus indemnizaciones». Y añaden: «En estos momentos están destinados 14 millones de euros, que se ampliarán si fuera necesario».
Indemnizaciones de entre 355.000 y 136.000 euros
La cuantía máxima que se entregará a los vecinos afectados oscila entre 355.000 y 136.000 euros, a lo que hay que añadir el daño emergente. En paralelo, también se están resolviendo los importes de las plazas de garaje, cuya cuantía oscilará entre los 10.000 y los 33.000 euros. En la indemnización se incluye el valor del inmueble demolido, el valor del suelo, el valor de los enseres, el daño moral, el lucro cesante y el daño emergente.
El daño emergente es por el pago del alquiler. Si han aceptado el anticipo de 4.788 euros durante seis meses (798 al mes), se añade la diferencia del gasto del alquiler con lo que ya le hemos pagado. «Por el momento, lo han solicitado 11 familias. Si no lo han hecho se le abona todo. En cualquier caso, la Comunidad de Madrid se hace cargo de los alquileres hasta el momento del cobro», añaden.
«El Ejecutivo autonómico invertirá más de 120 millones de euros para continuar con las actuaciones integrales en el municipio, cuyo objetivo es salvaguardar la seguridad y el bienestar de los ciudadanos afectados por la L7B de Metro. Son acciones dinámicas y en continua evolución, ya que se van adaptando a la complejidad de la zona», han concluido.
«El Gobierno regional ha abierto en San Fernando de Henares una Oficina de Información para atender a todos aquellos vecinos que lo soliciten, ya sea para conocer más datos sobre el estado de sus indemnizaciones, anticipos, estado de las obras, proyectos o para cualquier otra cuestión o iniciativa que quieran plantear. Desde su apertura ha recibido 360 consultas», explican desde la Comunidad de Madrid.
Y concluyen: «Además, esta Oficina actúa como registro auxiliar, que funciona como único, donde cualquier residente en la localidad podrá aportar cualquier documentación que estime oportuna sin tener que desplazarse a otra instancia de la administración pública, autonómica o local».
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