El alcalde de San Fernando de Henares, Javier Corpa; volvió a denunciar esta mañana la «falta de interlocución política» por parte de la Comunidad de Madrid, que informa, una vez más, primero, a la prensa y, luego, al Consistorio. En esta ocasión, sobre el derribo de las viviendas ubicadas en calle Presa impares (números 17 a 27).
«El Gobierno regional continúa interviniendo mal y a espaldas de este Ayuntamiento, y volvemos a ser conocedores de una información de relevancia a través de los medios de comunicación, puesto que la notificación nos llegó mucho después del comunicado que emitieron», dijo el mandatario local quien, además, hizo un llamamiento a la presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso.
«Apelo, de nuevo, a su responsabilidad, porque no es normal que no quieran dialogar, no es normal que no quieran sentarse para abordar un problema de esta magnitud. Este ‘modus operandi’ es lamentable», apostilló el primer edil.
Asimismo, Corpa insiste en la «necesidad» de ordenar esta situación a través de la puesta en marcha del Plan Integral aprobado en sede parlamentaria en diciembre de 2021, así como en la elaboración y aplicación de una Ley de carácter regional, cuestiones ambas que se vienen demandando desde hace mucho tiempo no solo por parte de la Administración local, sino de la Plataforma de Afectados por Metro.
La notificación del Ayuntamiento se emitió el 10 de octubre
El Ayuntamiento de San Fernando de Henares, a través del área de Planificación de la Ciudad y Desarrollo Sostenible (Urbanismo), emitió a la Consejería de Transportes e Infraestructuras la última notificación de ‘Ruina Legal’ con relación a la calle Presa impares (del número 17 a 27), para iniciar su demolición, el pasado 10 de octubre.
Es decir, la Comunidad de Madrid se ha demorado casi cinco meses en remitir al Consistorio este proyecto de demolición que, ahora, tendrá que ser revisado por los técnicos municipales para corroborar que, en el mismo, se incluye la documentación urbanística que se precisa en estos casos, y todos los permisos obligatorios por normativa.