Este martes, 23 de julio, la que fuera directora del Instituto de las Mujeres, Isabel García, ha publicado una carta abierta en su perfil de la red social X, antes Twitter, en el que anunciaba que el Consejo de Ministros ha acordado su cese.
Esta decisión viene tras salir a la luz diferentes informaciones, recabadas tras diversas investigaciones del diario El Español, en las que se ponía encima de la mesa que la directora del Instituto de la Mujer, Isabel García, y la exasesora del PSOE en el Senado, Elisabeth García, lograron 64 contratos de municipios del PSOE para gestionar Puntos Violeta.
El periódico hacía mención al Ayuntamiento de San Fernando de Henares, de donde, según publicó, «lograron 23.000 euros amañando dos concursos al presentar tres ofertas de empresas vinculadas a ellas».
La reacción por parte de la Concejalía de Igualdad de San Fernando de Henares y del gobierno municipal no se hizo esperar. En un primer comunicado, afirmaron que se trataba de un «ataque orquestado» contra el consistorio y que uno de los objetivos de este tipo de “informaciones” era poner en el foco en un Ayuntamiento «que lleva años saliendo a las calles para denunciar la grave problemática creada por la Línea 7B de Metro en esta ciudad, un drama social generado por esta infraestructura, y cuya única administración responsable es la Comunidad de Madrid».
Además, el equipo de Gobierno de San Fernando de Henares celebró un pleno extraordinario, a petición del Partido Popular de la ciudad, en el que se mostraron los dos expedientes de contratación realizados por la Concejalía de Igualdad.
Carta de Isabel García tras su cese como directora
Acojo el cese con el mismo agradecimiento con que acogí mi nombramiento. Es un cargo de confianza que ha estado siempre a disposición de quien me nombró. Agradezco, por ello, la confianza depositada en mí hasta el día de hoy,
Lamento, por supuesto, que venga provocado por pseudoinformaciones periodísticas que presentan torticeramente hechos lícitos y hacen pasar el estricto cumplimiento de la Ley por utilización tramposa para encubrir un lucro ¡lícito o simplemente inmoral que, por supuesto, no es tal. Haré valer, hasta donde me permite la ley, todos mis derechos y acciones para dejar claro que mi conducta y la de mi esposa se ha ajustado siempre a derecho.
Precisamente por eso no he dimitido, porque tengo la conciencia muy tranquila de no haber utilizado nunca mi cargo para enriquecerme, ni poco ni mucho, ni para favorecer a mi esposa por razón de actividades que venía desarrollando con anterioridad a que yo asumiera estas responsabilidades y que no dependen de decisiones tomadas por mí o por personas de mi entorno.
Siento también, por ello, el injustísimo daño que debe asumir en su actividad profesional quien no ha hecho nada ilícito, por la sola circunstancia de que su cónyuge sea alto cargo y vivamos en un país en que algunos confunden el derecho y la libertad de información, que defenderé como la que más, con el superficial ejercicio de la ligereza dotada de altavoz público, cuando no de instrumento hábil para destruir al adversario político, o al enemigo o adversario de mi amigo, caiga quien caiga.
Toda esta cacería contra mi persona -de caza menor, pero cacería- por hechos y circunstancias que nada tienen que ver con esos presuntos escándalos, ¡legalidades o irregularidades que nadie ha llevado a ningún juzgado y que son tan públicos hoy como lo han sido siempre, ha estado lanzada desde mi nombramiento por no compartir una visión integra de la ley trans y ha sido espoleado ahora por sectores que pretenden deslegitimar las políticas de Igualdad desde el ámbito público y privado. Curiosamente no ocurre lo mismo en otras áreas en situaciones similares.
Por ello, en este punto final, quiero agradecer profundamente el apoyo siempre recibido del movimiento feminista. Y también, por supuesto, el de todas las personas que, dentro y fuera del Instituto de las Mujeres, han colaborado conmigo en esta tarea siempre apasionante de hacer que la libertad y la igualdad de las mujeres sean reales y efectivas (art. 9.2 CE).
Seguiré luchando por ello, allí donde esté, y por un país en el que el cumplimiento de la ley democráticamente aprobada sea observada por todos y todas: por quienes están individualmente concernidos por ella y por todos los demás, que ante el cumplimiento constatado de la Ley, no hagan prevalecer sus opiniones particulares o simples ocurrencias, cuando no sus insidias o gratuitas descalificaciones.
Muchas gracias
¡Síguenos en Telegram!