El alcalde de San Fernando de Henares, Javier Corpa, junto a la concejala de Hacienda, Carolina Gómez, han ofrecido este viernes una rueda de prensa en el Salón de Plenos del Ayuntamiento para explicar los detalles de la nueva tasa de recogida, transporte y reciclado de residuos, que se implementará en la ciudad a partir del próximo año en cumplimiento de una directiva europea aprobada en 2018.
Durante su intervención, Corpa explicó que la nueva tasa surge de la obligación impuesta por la Unión Europea (UE) a todos los Estados miembros. Según afirmó el alcalde, la directiva fue impulsada en el Parlamento Europeo por los partidos conservadores, entre ellos el Partido Popular Europeo.
“La directiva se aprobó en 2018 y obliga a todos los municipios de España a implementarla antes del 10 de abril de 2025”, subrayó Corpa. Asimismo, insistió en que, aunque algunos municipios ya han adaptado su legislación a esta normativa, San Fernando de Henares comenzará a aplicarla el próximo año, tras la aprobación de la correspondiente ordenanza reguladora.
Estructura de la nueva tasa: Cuota fija y variable
La nueva tasa se basará en un modelo de «pago por generación», según recomendación de la normativa europea, lo que implica que los ciudadanos paguen en función de los residuos que generen. No obstante, Corpa aclaró que, dada la imposibilidad técnica de medir la cantidad exacta de residuos generados por cada persona, el Ayuntamiento ha optado por un sistema de cuotas fija y variable. “La cuota fija estará determinada por el valor catastral del inmueble, mientras que la cuota variable se ajustará en función de los metros cuadrados y el uso del inmueble”, explicó el alcalde.
En relación con las viviendas, se han establecido tres tramos en función de su tamaño: pequeñas, medianas y grandes. En promedio, los propietarios de una vivienda de 80 metros cuadrados en San Fernando de Henares pagarán unos 150 euros anuales. Corpa enfatizó que este importe se sitúa por debajo del de municipios vecinos, donde la cifra oscila entre 30 y 40 euros más.
Medidas de mitigación para minimizar el impacto
Para reducir el impacto económico de esta nueva tasa en las familias, el Ayuntamiento ha previsto un plan de fraccionamiento del recibo. “El próximo año, el pago se podrá realizar en dos cuotas, y estamos trabajando para que, a partir del año siguiente, se pueda fraccionar de manera similar al Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI)”, informó la concejala Carolina Gómez. Además, se bonificará con un 5% a aquellos que domicilien el recibo y se aplicarán descuentos a las familias vulnerables.
Asimismo, el Ayuntamiento eliminará la tasa de basura vigente en la actualidad y congelará el IBI, así como otras tasas e impuestos, como el de vehículos, con el objetivo de no sobrecargar la economía de las familias de San Fernando de Henares.
El origen de la normativa: una responsabilidad compartida
Corpa defendió que la implementación de esta tasa es un mandato europeo y que el Partido Popular en el Parlamento Europeo fue uno de los impulsores de esta medida. Además, criticó al Partido Popular en España y en la Comunidad de Madrid por tratar de desmarcarse de la responsabilidad de esta normativa. “Es importante que la ciudadanía sepa que esto no es un ‘tasazo’ del Gobierno de España o de los socialistas, como se ha dicho, sino una normativa impuesta por la Unión Europea con el apoyo de la mayoría conservadora, incluido el Partido Popular Europeo”, afirmó Corpa.
El alcalde destacó que en 2017, la Comunidad de Madrid, gobernada entonces por Cristina Cifuentes, ya incluía en su Estrategia de Residuos 2017-2024 la necesidad de implantar una tasa de este tipo en los municipios de la región, con Mariano Rajoy como presidente del Gobierno de España. “Es una estrategia que está en documentos oficiales y que refleja la intención de imponer esta tasa en todos los municipios de Madrid. Por tanto, la responsabilidad no recae solo en el Gobierno central actual, sino también en el Partido Popular, que gobernaba entonces”, añadió Corpa.
Subida de precios en la Mancomunidad del Este
Otro aspecto clave de la intervención fue la referencia a la Mancomunidad del Este, que gestiona el tratamiento de residuos en varios municipios de la región. Corpa denunció que, desde que el Partido Popular asumió la mayoría en la mancomunidad, el precio por tonelada de residuos ha aumentado drásticamente, pasando de 85 euros en 2023 a una proyección de 156 euros para el próximo año. “El Partido Popular, en lugar de oponerse a estas subidas, ha optado por aumentar las tasas, lo que repercute directamente en lo que pagarán los ciudadanos”, explicó.
Corpa insistió en que la subida de tasas se debe, en parte, a que la Comunidad de Madrid no ha cumplido con sus compromisos de financiar el coste de la nueva planta de tratamiento de residuos. “La Comunidad se había comprometido a aportar 40 millones de euros para amortizar el préstamo de la planta, pero ha decidido fraccionar el pago en 20 partes en lugar de hacerlo en un solo pago, como se había acordado”, señaló el alcalde.
Debate en el Pleno Municipal
Corpa también criticó la postura del Partido Popular local durante el pleno municipal donde se aprobó la ordenanza. Aseguró que, a pesar de las críticas y acusaciones hacia el Gobierno local, los ediles del PP votaron en contra de medidas como la bonificación del 5% para los recibos domiciliados y el fraccionamiento del pago, lo que el alcalde calificó como un acto “bochornoso”. “No se puede criticar y luego votar en contra de las medidas que buscan minimizar el impacto de la tasa en la ciudadanía”, aseveró.
Compromiso con los servicios públicos y la reducción de impuestos
En el contexto de la polémica sobre la nueva tasa, Corpa resaltó el esfuerzo del Ayuntamiento por mantener y mejorar los servicios públicos de la ciudad. Destacó, por ejemplo, la gestión 100% municipal de la Escuela de Música y las escuelas infantiles, así como los precios reducidos de servicios esenciales como la teleasistencia y la ayuda a domicilio, en comparación con otros municipios de la región.
Por último, el alcalde anunció la creación de una comisión junto a otros alcaldes de la Comunidad de Madrid para luchar contra la negativa del gobierno regional a aplicar la ley de vivienda aprobada a nivel estatal. “Vamos a llegar hasta donde sea necesario, incluso a la justicia, para que se respeten los derechos de nuestros vecinos y vecinas”, concluyó Corpa.
Con estas acciones, el Ayuntamiento de San Fernando de Henares busca garantizar que la aplicación de la nueva tasa sea lo menos gravosa posible para sus ciudadanos, al mismo tiempo que cumple con la normativa europea que obliga a todos los municipios de España a adoptar esta medida antes de 2025.
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