La Policía Nacional ha desmantelado una compleja red de fraude fiscal que operaba en varios países europeos y cuya empresa principal tenía su sede en San Fernando de Henares. El entramado, compuesto por empresas pantalla ubicadas en la provincia de Málaga, habría defraudado un total de 12,6 millones de euros mediante un sistema de facturación ficticia que permitía eludir el pago del IVA, según informa La Opinión de Málaga.
El modus operandi consistía en la adquisición de bienes por parte de una mercantil de origen rumano a entidades de Letonia, Estonia y Países Bajos. Posteriormente, simulaban la venta de estos productos a empresas en Portugal y Eslovaquia. Sin embargo, las operaciones no eran reales, y la compañía se beneficiaba indebidamente de deducciones fiscales gracias a la financiación de empresas españolas sin actividad comercial con ella.
La investigación, conocida como «Operación Computer», se inició tras una denuncia de la Fiscalía de Cluj (Rumanía), que alertó sobre una sociedad involucrada en operaciones triangulares y en la recepción de fondos de empresas sin vinculación comercial. La Fiscalía Europea intervino en el caso al considerar que el fraude afectaba los intereses financieros de la Unión Europea y superaba los 10 millones de euros en perjuicio económico.
Las empresas pantalla utilizadas en la trama eran sociedades de nueva creación sin experiencia en el sector tecnológico, cuyos administradores actuaban como testaferros. Mediante facturación falsa, acreditaban operaciones inexistentes para obtener beneficios fiscales indebidos.
Las actuaciones policiales se han desarrollado en varias provincias españolas, incluidas Málaga, Madrid, Barcelona, Mallorca y Murcia. En la localidad malagueña de Coín, se realizó un registro domiciliario y se llevó a cabo un requerimiento en una asesoría de la capital. Como resultado, se ha detenido a cinco personas, entre ellas el administrador de la asesoría, por presuntos delitos contra la Hacienda Pública y organización criminal.
Además, otras tres personas han sido arrestadas en Barcelona, Mallorca y Murcia por su papel como testaferros en la red fraudulenta.
En San Fernando de Henares, la Policía Nacional procedió al registro de la sede de la empresa distribuidora y mayorista de productos informáticos, considerada la principal beneficiaria del fraude. Gracias a este esquema ilícito, la compañía lograba comercializar productos a precios inferiores a los de sus competidores, generando así una situación de competencia desleal en el mercado.
El operativo, llevado a cabo con la colaboración de la Agencia Tributaria, ha permitido reunir pruebas suficientes para situar el fraude fiscal entre los años 2019 y 2021. Entre los efectos incautados se encuentran documentos relacionados con la actividad ilegal, equipos informáticos, teléfonos móviles y 4.000 euros en metálico. Asimismo, se han solicitado medidas cautelares sobre 57 inmuebles valorados en más de 33 millones de euros.
La investigación continúa abierta para esclarecer la totalidad de la trama y determinar la posible implicación de más personas o empresas en el fraude.
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