“Es un problema que no va de colores, va de soluciones y creo que se ha dado un paso importante”, ha apuntado Javier Corpa, en una rueda de prensa en la que ha hecho un balance del viaje realizado esta semana al Parlamento Europeo.
A la cita han asistido, además del alcalde de San Fernando de Henares y distintos miembros del consistorio local, asistieron Pablo Herradón, vicepresidente de la Asociación de Afectados ‘Presa-Rafael Alberti’; María del Carmen Ramírez, tesorera de la Asociación de Afectados ‘Presa-Rafael Alberti’; Eva María Media, vecina afectada e Iván Fuentes, vecino afectado.
“Hemos tenido el apoyo mayoritario de los grupos parlamentarios y esta propuesta se va a tramitar, además esta visita ha ido más allá, ya que han nacido nuevas iniciativas”, ha añadido.
Por su parte, Herradón ha agradecido a la alcaldía y al equipo de gobierno la posibilidad de acercar a los afectados al centro de Europa. “Hemos encontrado un apoyo unánime, son han abierto las puertas con el corazón, que era lo que necesitábamos, un acercamiento empático y humano”.
“Hemos recabado los apoyos suficientes para que esta petición pueda tramitarse de urgencia y se vote en los próximos meses y, quizás, retornar a Bruselas a defenderla frente a los parlamentarios”, ha explicado.
Por su parte, la tesorera de la Asociación de Afectados ‘Presa-Rafael Alberti’, ha enunciado los parlamentarios con los que se han reunido. “La primera reunión que tuvimos fue con Javier Moreno, presidente de la delegación socialista española, y con Mónica Silvana, y allí nos explicaron en qué consistía la petición que hemos realizado, en la que exponemos todos los derechos que se nos han vulnerado”, apuntó María del Carmen.
El grupo Left también se reunió con ellos, concretamente les atendió Miguel Urbán. Por otro lado, se reunieron con la eurodiputada Cristina Maestre, de la Delegación Socialista Española. “Fue una reunión mucho más larga y nos cogió más datos para abrir una investigación sobre las actuaciones de la Comunidad de Madrid y nos puso deberes, ya que tenemos que ampliar la documentación técnica aportada”, explicó. También se reunieron con Jordi Solé, que es eurodiputado de Los Verdes. “No pudimos tener una reunión con el grupo Renew Europe, pero nos enviaron un email”, aseguró la tesorera.
Por su parte, Eva María, afectado por la línea 7b de Metro, quiso destacar la predisposición de todos los eurodiputados que se reunieron con ellos. “Ha sido tan sumamente fácil sentarnos con esas personas que no nos conocían de nada y nos acogieron y nos dieron el calor que puede dar la chimenea de un hogar”, aseguró.
“Por culpa de esa desatención se ha producido este gran problema. Hay vecinos atemorizados a roturas de tuberías y explosiones de gas. Este problema, que era originario de una calle, se ha extendido a 18 calles, lo que conlleva a más de 600 familias sufriendo. No se puede permitir. No queremos que ningún vecino más sufra lo que estamos sufriendo nosotros”, ha denunciado Medina.
Iván Fuentes, por su parte, aseguró frente a los medios de comunicación que se comprometió con los eurodiputados a hacer un vídeo en el que se contará todo lo que estaban sufriendo los afectados por la línea 7B de Metro, con la intención de adjuntarlo el próximo 30 de enero, si es en esa fecha cuando vuelven al Parlamento Europeo a defender su causa.
“Me comprometo a realizar un vídeo que resuma lo que hemos vivido para que empaticen con lo que hemos vivido y se acabe esta agonía que estamos viviendo”, señaló el afectado, creador de varios cortos sobre el drama de la línea 7B de Metro.
CCOO muestra su apoyo a los afectados por la línea 7B de Metro
El próximo martes, 22 de noviembre, el secretario general confederal de CCOO, Unai Sordo, la secretaria general de CCOO de Madrid, Paloma López, el secretario general de CCOO Henares, Vicente García, y el alcalde de San Fernando de Henares, Javier Corpa, se reunirán con las personas afectadas por las obras de la línea 7B del Metro y harán un recorrido para comprobar los daños que han sufrido sus viviendas.
Desde la Plataforma de personas afectadas se denuncia el «sadismo político» y el «maltrato institucional» empleado por la Comunidad de Madrid contra las familias afectadas, que llevan 15 años esperando una solución definitiva a sus problemas. Exigen al Gobierno regional que dote presupuestariamente el Plan Integral de 120 millones de euros aprobado para solucionar un «drama humano» que afecta cientos de familias.
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