La Comunidad de Madrid estrenará este próximo mes de enero la Historia Social Única para integrar en una sola plataforma tecnológica digital toda la información sobre atención social que recibe cada madrileño.
Esta iniciativa del Gobierno autonómico supone un gran avance en su nuevo modelo sobre estos recursos públicos para ganar en agilidad y eficiencia y mejorar el servicio que se presta a los ciudadanos. Además, facilita una respuesta integral a cada persona y familia aprovechando la oferta disponible en los sistemas públicos.
Con este objetivo, el Consejo de Gobierno ha aprobado la adjudicación del proyecto Historia Social Única, junto con el de Teleasistencia Avanzada Domiciliaria. Por primera vez, un solo sistema conectará a todas las administraciones y entidades que participan en la asistencia social mediante un procedimiento de gestión y reforzando la prevención. La inversión asciende a 29,6 millones de euros para los próximos dos años y con fondos europeos.
La Historia Social Única que comienza a implantarse en enero es una herramienta inteligente que permitirá unir, en un mismo espacio digital, todos los datos de interés sobre las personas que atiende el Sistema Público de Servicios Sociales y así poder realizar un tratamiento individualizado de cada caso de manera más ágil, con mayor calidad y con el mismo nivel de aplicación para todos los madrileños.
Por su parte, la Teleasistencia Avanzada supone una evolución del concepto tradicional, que incorpora procesos inteligentes de detección, comunicación y apoyo que favorecen la autonomía y la rapidez y versatilidad de la atención.
La Historia Social única comenzará a implantarse de manera progresiva y será el instrumento que reunirá en un único entorno la información relevante de cada usuario del Sistema Público de Servicios Sociales. La medida del Ejecutivo regional permitirá integrar el historial personal, familiar, sanitario, de vivienda, económico, laboral, educativo y cualquier otra referencia necesaria que posibilite ofrecer una atención más personalizada, incluyendo el diagnóstico, el plan individualizado de intervención, las acciones realizadas y su evolución y seguimiento.
Este proyecto, impulsado por las consejerías de Digitalización y de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, supondrá la transformación de la prestación de estos servicios en la región, puesto que coordinará más de 120 procedimientos y aplicaciones informáticas que hasta ahora venían operando de manera aislada.
Además, intercomunicará los trámites en los que intervienen diferentes administraciones y aglutinará la actuación de la Red de Atención Social Primaria, de responsabilidad municipal, con otros sistemas de protección y con entidades del Tercer Sector y empresas.
Así, por ejemplo, en el caso de un menor con un trastorno del espectro autista que ha sido evaluado por los servicios de atención temprana, tendrá integrada en su Historia Social Única la información sanitaria, social y educativa, además de sus datos familiares y cualquier otra información relevante.
De esta manera, los profesionales de los distintos sistemas podrán conocer su situación en cada momento, facilitar las derivaciones, simplificar las gestiones que tendría que realizar la familia y contar con un seguimiento más cercano y seguro. Y en el caso de que se trasladase de domicilio, los profesionales de los servicios en su nuevo lugar de residencia dispondrán al instante de toda la información necesaria.
Atención de la mayor calidad
El objetivo prioritario de esta iniciativa es crear un entorno compartido de trabajo, basado en las tecnologías de la información y la comunicación, para proporcionar un refuerzo en atención de mayor calidad, de manera más eficiente, que facilite el acceso de las personas a los distintos cuidados que ofrece la red pública y que potencie su autonomía, de manera muy especial en el caso del nuevo sistema de teleasistencia, que contará además con un módulo de apoyo a cuidadores que dará soporte a familiares o acompañantes.
Se trata de medidas del Gobierno madrileño orientadas a los ciudadanos, los profesionales del Sistema Público de Servicios Sociales y a otros medios de protección, así como a las administraciones públicas y entidades prestadoras de servicios.
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