El Consejo de Gobierno ha aprobado este miércoles la inversión de 2 millones de euros para la contratación de emergencia del servicio de realojo, vigilancia, inspección, seguimiento y diagnostico estructural, proyecto y trabajos de rehabilitación de los edificios afectados por las obras de la línea 7B de Metro. Estos inmuebles están ubicados en las calles Pablo Olavide –números 1, 3, 5, 7, 9 y 11- y Ventura Argumosa -número 20- en el municipio San Fernando de Henares.
Este presupuesto se suma a los encargos con el mismo fin realizados por la Comunidad de Madrid a la empresa Tragsa desde el inicio del año, y que han sido también validados por Consejo de Gobierno, por un montante global superior a los 4,5 millones de euros.
Las actuaciones incluyen el realojamiento de los ocupantes de los edificios, manutención, mudanza y custodia en guardamuebles, gastos de transporte entre puntos de alojamiento y San Fernando de Henares, suministros en las viviendas desocupadas y en destino, plazas de garaje de estacionamiento privado durante la duración del encargo y servicios inmobiliarios. También la vigilancia de inmuebles, inspección y seguimiento estructural, diagnóstico estructural, proyecto y trabajos de rehabilitación. Este contrato tendrá una validez de nueve meses desde el comienzo de los trabajos a finales de marzo.
Realojos de los afectados
Hasta la fecha, la Gobierno regional tiene realojadas a 32 familias, la mayoría en apartahoteles, a los que se suman ya las 14 de las calles Pablo Olavide y Ventura de Argumosa, que han sido trasladadas a pisos en régimen de alquiler, sufragados en su totalidad por el Ejecutivo madrileño, al igual que los costes de los suministros (agua, luz y gas). Otras dos familias, hasta que puedan acceder a un piso en régimen de alquiler, se instalarán en un apartahotel o en un hotel, cuyos gastos también será abonados por la Comunidad de Madrid.
«El Gobierno autonómico continúa con su Plan de actuación para la zona con el objetivo de conseguir estabilizar y consolidar el terreno, así como realizar todos los trabajos que sean necesarios en las viviendas y los edificios afectados directamente. Además, se hará cargo de manera íntegra de la responsabilidad patrimonial por los daños causados e intensificará las inspecciones en estas casas», explican desde la Comunidad de Madrid.
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