Desde la Plataforma de Afectados por la línea 7B de Metro, han lanzado un comunicado en el que analizan la situación de la problemática de la línea 7B y lanzan una serie de reivindicaciones que llevan años demandando «y que ninguna administración ha desarrollado para solucionar una negligencia que ya dura 15 años para las familias de San Fernando de Henares».
«Tras la reunión mantenida el pasado 12 de julio con la Consejería de Transporte y su consejero, Jorge Rodrigo, quedaron expuestos varios puntos que consideramos urgentes. Estas propuestas de mínimos se estructuraban en cuatro puntos: 1) Apoyo psicológico pormenorizado inmediato para las víctimas; 2) El desarrollo de un plan de realojo flexible para las familias que habitan en las cercanías de las obras; 3) Plan de apoyo activo para los comerciantes; 4) La ampliación de expedientes de responsabilidad patrimonial sobre los edificios “históricos olvidados” damnificados», explican.
Aunque lamentan que actualmente no se haya hecho efectivo ninguno de los puntos anteriormente citados. «Siguiendo nuestro espíritu de colaboración para profundizar en el diálogo social, solicitamos el pasado 4 de octubre una reunión con la Consejería de Transporte y Vivienda para abordar de forma urgente toda la problemática que nos atañe. No hemos recibido respuesta», aseveran.
Disconformidad con las indemnizaciones
En este sentido, desde la PAML7B, han expresado en el escrito su disconformidad con las indemnizaciones que se están proponiendo «para las víctimas de esta tragedia, indemnizaciones que no permiten recuperar la situación vital previa a la generación de la negligencia de metro y que aboca a las familias damnificadas a litigar con la administración pública por algo tan sencillo, justo y constitucional como es una vivienda digna».
«No es normal y comprensible que actualmente haya familias obligadas a hacer esfuerzos económicos para sustentar sus viviendas en régimen de alquiler tras la demolición de sus casas. No consideramos aceptable que los alquileres y guardamuebles estén sustentados por los salarios de familias que lo han perdido todo y que lo tengan que seguir haciendo en una situación de absoluta vulnerabilidad, sin certezas de poder acceder a una vivienda digna en un futuro inmediato», sentencian.
«Reclamamos alternativas habitacionales flexibles»
Recientemente, la Comunidad de Madrid ha emitido diversas informaciones sobre la continuidad de las obras de estabilización que previsiblemente se dilatarán otros dos años en el entorno central del Complejo de El Pilar, «con nuevas partidas presupuestarias sin certeza alguna de una solución definitiva».
«Desde el inicio de los trabajos hemos reclamado alternativas habitacionales flexibles para que las familias que así lo deseen, puedan alejarse de un entorno incompatible con la vida marcado por continuos cortes de luz, agua y fugas de gas. Por ello, nos preguntamos, si en el pasado, durante los primeros desalojos en la pasada década, la administración sí dio esta opción, ¿por qué ahora no? ¿Por qué las respuestas al problema social, lejos de mejorar con la experiencia, empeoran? ¿Por qué retrocedemos y no avanzamos? No hay ninguna justificación, legal o política, para no llevar a término estas peticiones que son básicas y humanas ante un problema de semejante dimensión», se preguntan.
En esta misma línea, denuncian que «la Comunidad de Madrid sigue poniendo toda su atención en el entorno de la llamada ‘Zona 0’, con exiguos avances cuando no retrocesos, mientras el resto del municipio está completamente desatendido».
Las cifras actuales siguen siendo dramáticas: 21 calles afectadas, 600 viviendas afectadas; 88 familias desalojadas; 54 viviendas derribadas; 5 comercios derribados y un municipio devaluado. «Estas son las cifras de la negligencia que cada día siguen incrementándose.
Con este clima, desde la PAML7B, esperábamos una respuesta solvente enmarcada en los presupuestos de la Comunidad de Madrid para el año 2024″.
Plan Integral y Ley Autonómica
Tras poder consultar las partidas preliminares que previsiblemente se van a destinar a la línea 7B de Metro, los afectados aseguran que «estas partidas son absolutamente irrisorias para solucionar la problemática generada por la infraestructura de metro en el municipio».
Por este motivo, siguen exigiendo el desarrollo de un Plan Integral, «aprobado como Proposición No de Ley en la asamblea de Madrid en diciembre del año 2021, y una Ley autonómica, siguiendo el modelo de El Carmelo de Barcelona, en el cual el gobierno de la Generalitat, Gobierno de España y el gobierno local se pusieron de acuerdo para crear una solución pactada, dotada de una financiación pública suficiente para resolver el problema técnico, pero por encima de todo para dar una solución definitiva al problema social, poniendo por delante el interés de los ciudadanos y sus necesidades».
Además, afirman que este plan «está redactado, readaptado a las nuevas necesidades y es público desde el mes de mayo de este año, donde se indican de forma concreta todas y cada una de las reivindicaciones históricas para hacer justicia y reparar a las familias tras 15 años de sufrimiento».
«Pedimos apoyo tanto a las instituciones autonómicas como locales»
Al mismo tiempo, desde la PAML7B, siguiendo la línea marcada previa a las elecciones municipales y autonómicas de este año, siguen trabajando en pedir apoyo a todas las instituciones, tanto las autonómicas como las locales.
«Entendemos, por tanto, que el origen del problema generado por la infraestructura de Metro no es responsabilidad de nuestro Ayuntamiento, pero sí entendemos que las consecuencias sociales derivadas entran dentro de los márgenes competenciales y, por tanto, dentro de la acción política local», destacan.
Y añaden: «Por ello, creemos que el Consistorio Municipal debe adoptar medidas extraordinarias para paliar una situación extraordinaria que, en primera instancia, están sufriendo cientos de familias en nuestro municipio».
«Desde este espacio hemos solicitado una partida presupuestaria de emergencia que permita paliar algunos de los problemas sociales básicos que atraviesan las familias afectadas, como es la falta de ayuda psicológica para las víctimas, así como el refuerzo del sistema de salud municipal para mejorar la atención local psicológica y sanitaria, no solo para las familias afectadas, sino también para todos los habitantes del municipio. Todo ello acompañado de otras medidas que pueden mejorar la situación extrema por la que están pasando las víctimas».
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