Los vecinos afectados por la Línea 7B de Metro que estaban acampados en el parque Pedro Zerolo de San Fernando de Henares han decidido que pondrán fin, este jueves, a la protesta que han protagonizado durante 42 días.
«Dados los acontecimientos de los últimos días de lanzamiento de piedras contra los acampados e intento de ocupación ajena, (sin poder acusar directamente a nadie, pero sabemos a quién molesta que estemos acampados), el periodo electoral, con visita a las urnas este domingo, día 28; dado que el asentamiento está junto a un colegio electoral, así como la inminente celebración de las Fiestas Patronales, que darán comienzo el viernes 26; y la preocupación por que ocurra algún acontecimiento desagradable durante las mismas, han sido algunas de las razones que han motivado esta decisión. Pero no las únicas», señalan desde la Asociación de Afectados ‘Presa – Rafael Alberti’.
«La Comunidad de Madrid ha vuelto a demostrar su total falta de humanidad, de empatia y su nula sensibilidad. Hemos vivido, más de un mes, a la intemperie, con lluvia, con viento, con ratas y cucarachas… Aquí han estado personas mayores, pero les da igual, no tienen alma», ha explicado el presidente de la Asociación de Afectados ‘Presa – Rafael Alberti’, Juan Antonio Fuentes Garrido.
Además, ha asegurado que el Gobierno regional «ha confirmado que ha comenzado a abonar la cuantía de 798 euros, por un periodo de 4 meses hasta el mes de julio (a aquellos que pudieron acceder al alquiler, ya que el resto viven con familiares o amigos) pendiente desde el pasado mes de marzo, e insuficiente».
Actualmente, los afectados aseguran que están afrontando, de su propio bolsillo, el pago de un alquiler que supera la citada cantidad, y de la hipoteca de una casa demolida hace un año con enseres y recuerdos de toda una vida incluidos.
Asimismo, Fuentes ha manifestado que «tenemos que lamentar otra pésima noticia» porque el Ejecutivo autonómico «se reafirma en su tasación, y ha desestimado todas nuestras alegaciones».
Estas incluían una valoración de las viviendas elaborada por una empresa avalada por el Banco de España, al igual que Tínsa y acorde a los precios actuales de mercado, junto con un pormenorizado informe realizado por un perito judicial que recoge las mejoras, reformas y calidades de los inmuebles, que obvian tal y como figura en la documentación de la Comunidad de Madrid.
«No vamos a parar, porque estas indemnizaciones son una limosna, ¿ese es el «Máximo Legal» del que habla la señora Ayuso»?, son migajas. Queremos que nos devuelvan lo que nos han arrebatado, queremos dignidad, queremos justicia, ni más ni menos», ha indicado Fuentes.
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