El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy la inversión de más de 322.000 euros para la contratación de emergencia para ayudas a las familias que residen en los portales 1 y 2 de la calle Rafael Alberti, 7 de San Fernando de Henares, cuyo edificio fue desalojado el pasado 20 de septiembre por las obras de la línea 7B de Metro.
Este importe para gastos de realojo se suma a los anteriores encargos realizados por la Comunidad de Madrid a la empresa Tragsa y que han sido también validados por Consejo de Gobierno, por lo que la inversión global para este fin asciende a más de 3,8 millones.
Las actuaciones incluyen el realojamiento de las 14 familias de Rafael Alberti, 7, de los portales 1 y 2, tras, aseguran, «no haber recibido por parte del Ayuntamiento de San Fernando de Henares el consentimiento para que éstos puedan regresar a sus casas al haberse instalado ya un apeo estructural que garantiza la seguridad de acceso de los inquilinos».
El Gobierno regional se hará cargo de la manutención, mudanza y custodia en guardamuebles, gastos de transporte entre puntos de alojamiento, suministros en las viviendas desocupadas y en destino, plazas de garaje de estacionamiento privado durante la duración del encargo y servicios inmobiliarios.
El Ayuntamiento de San Fernando desmiente a Ossorio
Por su parte, el consistorio local ha desmentido tajantemente las afirmaciones del vicepresidente regional, Enrique Ossorio, en las que ha asegurado que no se había recibido, por parte del Ayuntamiento, consentimiento para que estos afectados pudieran volver a sus casas.
La Comunidad de Madrid considera “necesario” un plazo de tres meses para garantizar la seguridad y, por tanto, el regreso de los vecinos afectados por Metro residentes en los portales 1 y 2 de Rafael Alberti 7 que, actualmente, se encuentran realojados, la mayoría, en apartamentos turísticos fuera de la localidad.
El alcalde, Javier Corpa, continúa exigiendo la puesta en marcha del Plan Integral, aprobado en sede parlamentaria, y una Ley autonómica, similar a la aplicada en el barrio de ‘El Carmel’, que aporte certidumbre a los vecinos afectados.
El Ejecutivo autonómico hace alusión, en el citado documento (página 3 apartado b), a las familias de los portales 1 y 2, así como a las medidas de seguridad a adoptar para garantizar su seguridad y, por tanto, el regreso a sus domicilios. Dice lo siguiente:
«Se estima necesario un plazo de tres meses para adoptar las medidas necesarias y aportar la documentación correspondiente, así como para recabar, del Ayuntamiento de San Fernando de Henares, si procede el mantenimiento de la situación de ruina física inminente respecto a los portales 1 y 2 de la calle Rafael Alberti 7 de San Fernando de Henares».
«Una vez más, se trata de culpabilizar a la Administración local. Queda claro, tal y como indica su propia orden, que las zonas comunes no reúnen las medidas de seguridad oportunas, requiriéndose un plazo de tres meses (enero de 2023) para aportar la documentación que garantice las mismas y que el Ayuntamiento solicitó el pasado 4 de octubre», denuncian desde el consistorio.
Y concluyen: «Esta petición, además, volvió a reclamarse al Director General de Infraestructuras el día 7 octubre para poder dar continuidad al expediente de ruina. A fecha de hoy, la Consejería de Transportes e Infraestructuras NO ha registrado la documentación requerida».
Trabajos de consolidación en el terreno
La Dirección General de Infraestructuras está llevando a cabo trabajos de consolidación de terreno, desde el pasado 13 de octubre, que abarcará unos 10.000 metros cuadrados y que afectarán a las calles Rafael Alberti, Presa, Pablo Olavide, Francisco Sabatini y Nazario Calonge.
El Ejecutivo autonómico asegura que «continúa reuniéndose con las familias afectadas de la línea 7B de Metro de San Fernando de Henares para actualizarles, de primera mano, la información en relación con sus viviendas y los siguientes pasos que se pondrán en marcha, a través de la Oficina de atención al ciudadano que ha establecido cerca de sus domicilios».
“Desde la Comunidad de Madrid no se escatima ningún recurso humano y económico por las consecuencias de las obras de la línea 7B y, hasta ahora, se han invertido más de 30 millones en la rehabilitación de viviendas como en la mejora y estabilización del terreno”, señalan.
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